El viceportavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Luís Bará, calificó este lunes como una «treta» el archivo del proyecto de Altri por parte de la Xunta de Galicia. En una rueda de prensa, instó a «no bajar la guardia» ante una posible reanudación de la iniciativa o una reclamación de indemnización por parte de la empresa.
El viceportavoz del BNG, Luís Bará, afirmó este lunes en rueda de prensa que el archivo del proyecto de Altri por parte de la Xunta de Galicia constituye una «treta». Por ello, llamó a «no bajar la guardia» ante la eventual reanudación de la iniciativa o la reclamación de indemnización por parte de la empresa.
Bará informó que el Bloque presentó en el Parlamento una solicitud de «toda la documentación» relativa al procedimiento de archivo, «incluyendo las alegaciones presentadas por la empresa», al amparo del artículo 9 del reglamento de la Cámara.
En una primera valoración, celebró el archivo porque «no se explica sin la gran movilización que se produjo en los últimos años de rechazo masivo de este macroproyecto». Consideró que las decisiones del Gobierno central «también se explican en gran medida a raíz de esta movilización», al no incluir en la planificación eléctrica la subestación que requería la fábrica. De no darse esta respuesta ciudadana, opinó, el proyecto «estaría aprobado», y trasladó su enhorabuena a plataformas, entidades y «miles de personas» que se manifestaron en contra.
Sin embargo, advirtió que «no se puede bajar la guardia porque se está ante un proyecto que sigue vivo». Señaló que la declaración de impacto ambiental, aprobada en abril de 2025, «tiene una vigencia de cuatro años que se puede prorrogar a petición de la empresa por dos años», por lo que «se podría estar ante una declaración de impacto ambiental con vigencia hasta 2031». «Por tanto, se podría reanudar la tramitación cuando interesase», alertó.
Bará sostuvo que «técnica y legalmente» el proyecto «está vivo» y «en stand by», y que «no hay tal carpetazo». En su interpretación, «la Xunta escogió esta vía del archivo de manera intencionada como una treta para no resolver el fondo del asunto, que era la denegación mediante la denegación de la autorización ambiental integrada y la concesión de Augas, que eran los dos trámites que quedaban para el proyecto industrial estratégico».
Afirmó que el Gobierno gallego «desvía la tramitación natural hacia este archivo», que, si bien reconoció que está previsto en la ley, sirve para «preparar una plataforma a Altri para que pueda reanudar la tramitación cuando cambien las circunstancias». Lo «procedente» para el Bloque «sería denegar» ambos permisos «para que quedase el proyecto definitivamente enterrado y no pudiese reanudarse». «Hay motivos de sobra para esta denegación», destacó, en referencia al pronunciamiento de la justicia en contra de la retirada de los terrenos de la zona de amortecimiento en la estrategia verde de la Xunta.
El BNG alertó de «cabos sueltos en este procedimiento», también por el «posible recurso» de la compañía por la vía del contencioso-administrativo, con la «posibilidad» de alcanzar una «indemnización millonaria». Recriminó al Ejecutivo autonómico que «le puso una percha» con cambios legales a través de la ley de acompañamiento. Para Bará, «todo lleva al memorandum de entendimiento» entre Xunta y Altri que el Gobierno «sigue ocultando», lo que denominó «los acuerdos secretos» entre ambas.
Previamente, la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, indicó en comisión parlamentaria que si el expediente recibía el carpetazo de la Xunta decaería tanto la autorización ambiental integrada como el permiso de captación de aguas. La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, anunció el pasado viernes el archivo definitivo.
Formalmente, la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental es de seis años a contar desde la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y hasta el inicio de las obras.