El presidente electo Abelardo de la Espriella instruyó al futuro ministro de Agricultura iniciar el proceso para derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). El Ministerio de Agricultura actual respondió que esa medida implicaría un retroceso en la protección del derecho a la alimentación.
El presidente electo Abelardo de la Espriella instruyó al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond, iniciar el proceso de derogatoria de las resoluciones que declararon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). Así lo informó la Oficina de Prensa del presidente electo en un comunicado oficial.
«El próximo Gobierno revisará estos actos administrativos y sus efectos sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo de las comunidades rurales. El procedimiento se adelantará con celeridad, rigor técnico y seguridad jurídica», señala el comunicado.
Según el Gobierno entrante, la decisión busca eliminar restricciones que, a su juicio, afectan «injustificadamente» el uso productivo de la tierra, con el fin de generar empleo, mejorar la confianza de productores e inversores, aumentar la oferta de alimentos y fortalecer la economía del campo colombiano.
El Ministerio de Agricultura actual rechazó el anuncio mediante un comunicado. La cartera sostuvo que las Appa son una figura creada para proteger el suelo rural agropecuario y garantizar la producción de alimentos en el país.
Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, cerca de un millón de hectáreas en 55 municipios fueron declaradas como Appa. El ministerio advirtió que la derogatoria de estas medidas «representaría un retroceso en la protección del derecho humano a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, además de afectar los derechos del campesinado y desconocer el principio de no regresividad en materia de derechos».
La cartera también señaló que, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), más de 20 millones de hectáreas en Colombia presentan procesos severos de deterioro físico, químico o biológico. Además, los suelos agrícolas del 60% de los municipios del país tienen afectaciones.
El ministerio indicó que la protección del suelo no es una decisión discrecional, sino el cumplimiento de un mandato jurídico vigente desde hace más de cinco décadas. Citó el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 388 de 1997 como normas que establecen la obligación de conservar los suelos y delimitar áreas de protección.
Asimismo, la cartera negó que las Appa sean «mecanismos de expropiación o de imposición de cultivos». Aseguró que en esas zonas no se restringen actividades económicas ni se impide el desarrollo de obras de infraestructura, y que no vulneran la autonomía territorial.
«Cada declaratoria se soporta en estudios técnicos elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), bajo metodologías objetivas y criterios técnicos, y se adopta mediante procedimientos que garantizan la publicidad, la participación ciudadana y la transparencia», concluyó el ministerio.