A 15 años del doble crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, la Justicia de Salta avanza con la causa por irregularidades en la investigación original. Dos policías quedaron a un paso del juicio oral por presunta falsedad ideológica.
A 15 años del doble crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las turistas francesas que fueron violadas y asesinadas en 2011 mientras visitaban Salta, la causa volvió a sumar novedades. La Justicia avanza con una investigación sobre las irregularidades cometidas durante la pesquisa original, y por otro con nuevas medidas para esclarecer los femicidios a partir de estudios genéticos realizados en Francia. En ese marco, dos policías quedaron a un paso del juicio oral.
Se trata de Walter Omar Mamani, exintegrante de la Brigada de Investigaciones N.º 1, y Juan de Dios Solano, que se desempeñaba como jefe de la División Delitos contra la Propiedad de esa misma brigada. El fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Paz, solicitó que sean enviados a juicio por presunta falsedad ideológica, al ser acusados de realizar una maniobra para documentar el presunto hallazgo de un arma durante un allanamiento, que luego se incorporó a la investigación por el crimen de Cassandre y Houria.
Asimismo, la Justicia salteña busca avanzar con otra causa conexa al doble femicidio contra efectivos que habrían cometido apremios ilegales contra los primeros detenidos en la causa, quienes acusaron a los policías de haberlos torturado para que se incriminen. Todos estos antecedentes forman parte del análisis integral del caso, bajo la órbita de la Unidad Fiscal especializada conformada por Paz y por los fiscales María Luján Sodero y Daniel Espilocín.
De esta manera, Mamani fue acusado como presunto autor del delito de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real por dos hechos, mientras que Solano fue señalado como presunto coautor. La Fiscalía sostiene que participaron en el procedimiento en el que habría aparecido un revólver calibre .22 que posteriormente adquirió relevancia dentro de la causa de las ciudadanas francesas.
Caso de las turistas francesas: un allanamiento bajo sospecha
El procedimiento investigado tuvo lugar el 4 de agosto de 2011 en una vivienda, seis días después de que los cuerpos de Cassandre y Houria fueran halladas en la Quebrada de San Lorenzo. Mamani estaba a cargo del allanamiento por el robo de varios objetos de una finca, mientras que Solano supervisaba el operativo.
Los elementos no fueron detectados en el lugar, sin embargo, de acuerdo con el acta de secuestro y el informe policial, los agentes dieron en el jardín un revólver enterrado, con cinco vainas percutadas y dos cartuchos sin percutar. El hallazgo derivó en actuaciones por averiguación de procedencia y en la demora del propietario de la casa, Raúl Alfredo Sarmiento.
El hombre sostuvo que la maniobra fue presenciada por su hijo y su nuera. Durante el juicio por los asesinatos de las investigadoras francesas, afirmó haber reconocido esa arma y el mismo trapo con el que habría sido envuelto durante el allanamiento. Según declaró, ninguno presentaba rastros de tierra pese a que el arma había sido consignada como enterrada.
El caso adquirió especial relevancia porque el revólver luego fue incorporado a la investigación por el doble crimen. La pericia balística determinó que había sido disparado. Si bien no se encontró correspondencia con el proyectil extraído del cuerpo de una de las jóvenes, sí se estableció una correspondencia de identificación balística mediata con proyectiles secuestrados en la Quebrada de San Lorenzo.
En un informe del 12 de agosto de ese año, el entonces comisario Néstor Piccolo advirtió esa situación e indicó que el sector de la Quebrada en el que luego aparecieron dos proyectiles ya habían sido analizados de manera exhaustiva, incluso con un detector de metales. Así, le manifestó al juez de instrucción acerca de la posibilidad de que pudieran haber sido «plantados» posteriormente.
Recientemente, Jean-Michel Bouvier, papá de Cassandre, una de las caras más visibles del reclamo de Justicia por los asesinatos, pidió que las autoridades reabran la investigación por el fallecimiento de Piccolo, quien apareció muerto de un disparo en la cabeza. La causa fue caratulada como «suicidio», aunque con el paso del tiempo aparecieron cuestionamientos sobre las circunstancias del hecho.
En el expediente por falsedad ideológica, el fiscal Paz le atribuyó a Mamani haber realizado un informe en el que relacionó a Sarmiento con los objetos robados y haber impulsado el allanamiento, el cual también dirigió y luego suscribió el acta. En el caso de Solano, no solo supervisó el procedimiento, sino que también habría firmado el documento con los datos supuestamente falsos.
Nuevos resultados de ADN en el caso de las ciudadanas francesas
En paralelo, la investigación principal incorporó nuevos elementos a partir de la cooperación entre la Justicia de Salta y los tribunales franceses. Los fiscales de la unidad especial mantuvieron una conferencia a través de una videollamada con la jueza de instrucción de París, Emmanuelle Robinson, para analizar el estado de las pesquisas en ambas jurisdicciones.
En el país europeo, la apertura de la causa en los tribunales parisinos comenzó por la denuncia realizada por Jean-Michel Bouvier. Uno de los puntos más importantes fue el análisis de las pruebas genéticas realizadas en el laboratorio de la Gendarmería Nacional francesa: las pericias se hicieron para profundizar el estudio del material recolectado durante la investigación original y avanzar sobre distintas hipótesis.
La primera conclusión confirmó que Cassandre y Moumni murieron el mismo día en que ingresaron a la Quebrada, el 15 de julio de 2011, un dato que, según las autoridades judiciales, permite fortalecer la reconstrucción temporal de la secuencia del crimen. Este hecho estuvo en discusión porque las autopsias realizadas por la médica forense Ana María Vega dató los decesos entre tres y cinco días antes de ser halladas (29 de julio), pero el estudio entomológico los ubicó en el momento en que entraron al parque turístico.
La segunda conclusión fue que los dos perfiles de ADN sobre los que durante años se había sostenido que no habían sido investigados no tienen relación con la escena del crimen. El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, consideró que esos son dos de los principales aportes del informe elaborado en el país de origen de las víctimas.
La causa tiene un único condenado, Gustavo Lasi, mientras que durante el juicio que se desarrolló en 2014 fueron absueltos Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera. Pero en 2016 el Tribunal de Impugnación revocó esa decisión y condenó a Vera a prisión perpetua, por lo que estuvo detenido más de 11 años hasta que la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo al considerar que se habían vulnerado garantías fundamentales del proceso.