Una jueza federal de California determinó que el gobierno de Estados Unidos viola la Primera Enmienda al deportar a no ciudadanos por expresar opiniones críticas hacia Israel o apoyar a los palestinos. El fallo, emitido el viernes, responde a una demanda presentada por el periódico estudiantil de la Universidad de Stanford.
San José, California — Una jueza federal de California, Noël Wise, dictaminó el viernes que el gobierno de Estados Unidos está silenciando de manera inconstitucional a críticos de la guerra en Gaza y a otras personas, como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump por deportar a no ciudadanos que, según dijo, alteraron los campus universitarios al expresar sus opiniones.
El fallo, que se apoya en conclusiones de un juez federal de distrito en Boston emitidas hace casi un año, anula partes de las disposiciones federales de deportación por violar la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución. La jueza Wise citó fallas relacionadas con la libertad de expresión y con la imprecisión legal.
La decisión da la razón al periódico estudiantil de la Universidad de Stanford, que había señalado que algunos estudiantes internacionales temían pronunciarse debido a la amenaza de deportación. La jueza mencionó represalias de las autoridades migratorias en marzo de 2025 contra personas que expresaron apoyo a los palestinos o criticaron acciones de Israel, así como represalias contra quienes criticaron a Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, después de su asesinato en septiembre pasado.
En su escrito, Wise afirmó: “Mañana, o quizá incluso hoy, el objetivo podría ser cualquier persona en Estados Unidos que ejerza su libertad de expresión para simplemente manifestar opiniones que al gobierno no le gustan”. Agregó que “esta espiral descendente es antitética a nuestra Constitución, que reconoce nuestro derecho a hablar libremente”.
Hasta el sábado, el Departamento de Justicia no había respondido a una solicitud de comentarios sobre la decisión.
Conor Fitzpatrick, abogado de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, que presentó la demanda, elogió el fallo en un comunicado: “En Estados Unidos, la libertad de expresión no les pertenece solo a las personas que dicen cosas con las que el gobierno está de acuerdo”.