La empresa de servicios petroleros SLB, con operaciones en Vaca Muerta, informó que no participará en procesos de licitación para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, en línea con el decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional.
La empresa de servicios petroleros SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, emitió un comunicado en el que aclaró que «no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes».
La compañía, que opera en Argentina como Schlumberger Argentina S.A., señaló que su anuncio se realiza «en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional». Dicha norma, publicada el viernes en el Boletín Oficial, establece controles y sanciones para empresas y personas que realicen actividades de petróleo y gas sin autorización argentina en la plataforma continental y en los espacios marítimos de las Islas Malvinas.
En el comunicado, SLB afirmó: «En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes».
SLB, al igual que Halliburton, se dedica a brindar soporte a empresas del sector hidrocarburífero, que son las titulares de los yacimientos. Esta semana, el presidente de SLB en Argentina, Patricio Whitney, participó en un encuentro en Houston donde se refirió al incremento esperado en la cantidad de pozos en Vaca Muerta, vinculado a las inversiones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El Gobierno nacional, por su parte, informó el viernes que iniciará acciones contra 45 empresas y personas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas. La medida está dirigida principalmente al proyecto Sea Lion, en la cuenca Malvinas Norte, liderado por las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La lista incluye accionistas, directivos, fondos de inversión, asesores y proveedores de infraestructura y servicios relacionados con esos proyectos.
El decreto 868/26 también introduce modificaciones para impedir que empresas que operan en la zona austral accedan a beneficios estatales. Se incorporó como requisito obligatorio para acceder al RIGI la presentación de una declaración jurada que garantice que no realizarán negocios en Malvinas, la cual debe ser certificada por la autoridad de aplicación. El mismo requisito se aplica a quienes soliciten concesiones petroleras en el país.