El Tribunal Oral Federal 5 recibió un informe pericial de más de 30 páginas elaborado por especialistas de la Corte Suprema. El documento señala inconsistencias contables en la administración del patrimonio hotelero de la familia Kirchner y no pudo determinar la rentabilidad de la explotación comercial debido a la ausencia de balances oficiales. El juicio oral comenzará el 23 de octubre.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) recibió un informe pericial de más de 30 páginas elaborado por especialistas de la Corte Suprema en el marco de la causa Los Sauces, a pocas semanas del inicio del juicio oral contra Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, previsto para el 23 de octubre.
Según la información revelada por TN, el documento detalla los movimientos del hotel boutique administrado por la sociedad Los Sauces S.A., pero los peritos no pudieron determinar si la explotación comercial era rentable debido a la ausencia de balances oficiales y documentación respaldatoria básica.
El camino procesal incluyó un sobreseimiento firmado por el TOF 5 en noviembre de 2021, que fue revocado por la Cámara Federal de Casación Penal en septiembre de 2023. Ese tribunal ordenó avanzar con el juicio contra Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, y dejó fuera del proceso a Florencia Kirchner. En diciembre de 2024, la Corte Suprema elevó el caso a la etapa oral.
La denuncia original fue impulsada por la ex diputada Margarita Stolbizer e investigada por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. La hipótesis de la fiscalía sostiene que la inmobiliaria, constituida en 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, no funcionó como un negocio real de mercado y habría servido como pantalla para canalizar el retorno de fondos vinculados a la adjudicación de obra pública.
Los números que maneja la Justicia indican que entre 2009 y 2016 Los Sauces S.A. facturó casi 26 millones de pesos a las compañías de Báez y del Grupo Indalo, cifra que representó el 88% de sus ingresos totales. Del desglose surge que López y De Sousa inyectaron unos 18,5 millones, mientras que Báez sumó otros 7 millones. Los fiscales señalaron que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la caja y utilizaron varios inmuebles de forma gratuita.
El expediente incluye un circuito inmobiliario con propiedades en Puerto Madero, Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén. La propiedad que más atención generó es el dúplex de los pisos 8 y 9 del complejo Madero Center, en Puerto Madero, con cocheras incluidas, ocupado por Cristóbal López a través de sus firmas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia. La investigación demostró que entre 2012 y 2017 el empresario desembolsó alrededor de 1,7 millones de dólares para usar el departamento, mientras que una tasación judicial posterior determinó que el valor real de mercado de ese alquiler era de apenas la mitad, o incluso menos, de la cifra pactada.
El listado de propiedades bajo sospecha se completa con lotes y departamentos distribuidos entre Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén, muchos de los cuales fueron construidos por Austral Construcciones. También se incluyen la residencia de la calle Mascarello 400 y el departamento de San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires.