El juez federal Diego Martín Cormick ordenó al Estado Nacional cumplir la medida cautelar que aplica los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria N.º 27.795, bajo apercibimiento de astreintes. La cautelar fue dictada en diciembre de 2025, confirmada en segunda instancia y quedó firme el 25 de junio de este año. El sector universitario reclama una recomposición salarial del 32,5%.
El juez federal Diego Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Estado Nacional a dar efectivo cumplimiento, en un plazo de cinco días, a la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria N.º 27.795. La resolución establece apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora.
La cautelar obliga a cumplir dos puntos de la ley: la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios y la recomposición y actualización de las becas estudiantiles. El sector universitario reclama además una recomposición del 32,5% por la pérdida salarial acumulada.
La medida cautelar fue dictada originalmente en diciembre de 2025, luego confirmada en segunda instancia y quedó firme cuando, el 25 de junio de este año, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Estado Nacional. El Gobierno también promovió recusaciones contra magistrados por su actividad docente universitaria y planteó el apartamiento de integrantes de la propia Corte. Esos planteos fueron rechazados.
En su resolución, Cormick verificó que «no existe cumplimiento total de la cautelar» y otorgó cinco días para su efectivo cumplimiento.
El secretario general de la UCR CABA, Juan Loupias, afirmó: «Le exigimos al presidente Javier Milei: cumpla la ley. Transfiera los fondos que corresponden». Sostuvo que «desfinanciar la universidad no es ahorrar: es hipotecar el futuro» y que «las decisiones del Congreso y las resoluciones judiciales vigentes deben cumplirse».
Loupias agregó que desde la UCR porteña exhortan al Poder Ejecutivo Nacional a dar cumplimiento efectivo a la intimación dispuesta por el juez Cormick dentro de los cinco días establecidos, sin nuevas dilaciones.