La Corte Suprema resolvió en dos semanas un caso vinculado al DNU 70/2023 que derogó la ley de tierras. El primer fallo permitió la venta sin restricciones a extranjeros; el segundo repuso los límites. La cronología de los hechos.
La Corte Suprema de Justicia resolvió en un lapso de diez días dos fallos vinculados con la ley de tierras y el DNU 70/2023 del Poder Ejecutivo, que derogó esa norma. El primero, dictado el martes 29 de septiembre, dejó sin efecto las restricciones a la compra de tierras por extranjeros. El segundo, firmado el viernes 9 de octubre, repuso esos límites mediante una medida cautelar.
El primer fallo, adoptado por unanimidad, revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional un artículo del DNU 70/2023 a pedido de un grupo de excombatientes de Malvinas. El argumento fue exclusivamente procesal. La Corte tenía el expediente en condiciones de ser resuelto desde mayo de 2024.
Tras la difusión del fallo, la oposición anunció que buscaría reponer la ley de tierras y evaluó convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el rechazo al DNU 70/2023. El Senado ya había rechazado ese decreto, pero Diputados no lo había tratado.
El jueves 1 de octubre, voceros de los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti difundieron un comunicado aclaratorio que el tribunal no publicó en sus canales oficiales. El juez Carlos Rosenkrantz informó que no había participado en su redacción ni difusión. Ese mismo día, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda presentó un escrito ante la Corte en el que solicitó, como medida cautelar, reponer los límites de la ley de tierras. Odarda había presidido el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández.
El martes 6 de octubre, la Corte anunció el sorteo de dos conjueces para tratar el caso de Odarda, Árbol de Pie y dos comunidades indígenas. Fueron designados los camaristas Diego Barroetaveña (Casación) y Juan Ignacio Pérez Curci (Cámara Federal de Mendoza). Al día siguiente, el secretario de la Corte, Sergio Miguel Nápoli, firmó una resolución que fijó en 24 horas el plazo para que la integración quedara consentida y habilitó días y horas inhábiles.
El jueves 8 de octubre, Rosatti convocó a un acuerdo extraordinario para las 9 del viernes. El fallo debía estar terminado para entonces. Los jueces y conjueces firmaron electrónicamente desde sus despachos y no se reunieron.
El viernes 9 de octubre, por mayoría, la Corte decidió que el caso vuelva a Bariloche para que el juez de primera instancia determine si es inconstitucional la derogación de la ley de tierras. Además, dictó una medida cautelar interina que repone los límites a la venta de tierras a extranjeros. Rosenkrantz firmó una disidencia en la que afirmó que «el descontento que en distintos sectores de la sociedad pudo haber causado la sentencia» de la semana anterior «no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten». Lorenzetti, en una entrevista con A24, sostuvo que un fallo no fue una reacción al otro y que debieron tratar primero el caso de los excombatientes porque son procesos colectivos y estaba inscripto primero.