Un grupo de ejecutivos argentinos participa en los consorcios que buscan adquirir activos estatales en energía, agua y transporte. Las condiciones de las operaciones.
En el marco de la estrategia de desinversión y participación privada en la infraestructura estatal, distintos empresarios de origen nacional apostaron por quedarse con activos valiosos. Un conjunto de ejecutivos con trayectorias y fondos para hacer frente a las obligaciones.
En el caso de Aysa, el consorcio ganador, que firmará el contrato por 340 millones de dólares, está integrado, entre otras firmas, por Rowing SA. Una compañía vinculada al empresario Walter Román y a Transclor SA, controlada por Mauricio Honesto Filiberti, quien además participa indirectamente en Edenor. Transclor cuenta con experiencia como proveedora de productos químicos para potabilización.
Una parte de las Centrales Hidroeléctricas del Comahue (El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados) también quedó en manos nacionales, porque Piedra del Águila quedó bajo el control de la firma Central Puerto por 684,3 millones de dólares. Se trata de una firma cuyos principales accionistas son los empresarios argentinos Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany.
Si se coloca la lupa en Citelec S.A. (Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica S.A.), la sociedad controlante de Transener S.A., la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión de la República Argentina, también hay manos nacionales. Ya que se transfirió el 50% por 356,1 millones de dólares al consorcio conformado por Genneia S.A. y Edison. Es un holding en el que figura el empresario mexicano David Martínez, de Fintech Advisory, y PointState Capital, en alianza con socios locales del sector de transmisión energética, como José Luis Manzano.
Otra firma estatal que quedará en manos privadas será el Belgrano Cargas, sin extranjeros por el momento tras el retiro del Grupo México de la negociación. Pese a los ruidos, con fuentes del sector empresario que argumentan que los pliegos “son malos” y que no existen ventajas para la adquisición, el Gobierno decidió mantener el esquema inicial. De hecho, el oficialismo sostuvo que el proceso continuará con las mismas reglas para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Luego de este paso, figura en el radar de prioridades Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y asistencia en tierra en los aeropuertos. La gestión Javier Milei quiso deshacerse de la firma desde el año pasado pese a ser superavitaria. Todavía, las autoridades se encuentran puliendo el proceso de licitación.
Después, aparece ENARSA, la firma estatal encargada de la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica. Según fuentes libertarias, ante la pregunta de NA, en este 2026 se convocará a licitación de las termoeléctricas Belgrano y San Martín. Y luego en el primer trimestre de 2027 con la de Central Vuelta de Obligado. Además el Gobierno tiene previsto avanzar con los gasoductos de ENARSA, otro valor fundamental de la compañía.