El Noveno Circuito ratificó un fallo que consideró ilegal la terminación del Estatus de Protección Temporal; la medida podría reactivarse el 6 de noviembre, aunque el gobierno puede apelar ante la Corte Suprema.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó este viernes 30 de octubre una solicitud del gobierno de Donald Trump para suspender una orden previa que había considerado ilegal la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos. La decisión acerca la posibilidad de que el beneficio se restablezca a partir del 6 de noviembre, según el fallo difundido.
El tribunal ratificó la sentencia de un juzgado de distrito que concluyó que la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, se extralimitó en sus funciones al anular de forma arbitraria la prórroga del estatus. La abogada de inmigración Khatia Quiros explicó a Telemundo que la Corte Suprema había devuelto el caso al Noveno Circuito para que resolviera con base en la decisión actual.
«Lo que resolvió la Corte Suprema sobre esa moción de emergencia fue que el gobierno no tiene que explicar muchas razones por las cuales cancela el TPS, el gobierno puede cancelar el TPS cuando quiera», declaró Quiros. «En ese momento, la Corte Suprema dijo también que ‘nosotros no estamos pasando por encima [de la Corte de Apelaciones] del Noveno Circuito porque el juicio tiene que pasar por todas sus etapas. Así que vamos a devolver este caso al Noveno Circuito para que ellos, con base en la decisión que estamos dando ahora resuelvan qué va a pasar con el caso'», sostuvo.
La fecha del 6 de noviembre depende de futuras acciones judiciales. La orden actual permite el restablecimiento de los beneficios, pero la Corte Suprema posee la facultad de dictar una nueva suspensión si la Administración Trump presenta una apelación formal. El máximo tribunal ya intervino anteriormente en este litigio con una medida de emergencia que detuvo las protecciones vigentes en octubre de 2025.
En ocasiones previas, la Corte Suprema sostuvo que el gobierno posee facultades amplias para cancelar el TPS. Los jueces conservadores indicaron que la administración no necesita explicar razones detalladas para finalizar programas de protección temporal y que el proceso judicial debía completar sus instancias habituales en las cortes inferiores antes de una resolución definitiva.
La inestabilidad del estatus legal afectó a más de 300 mil personas. Según National TPS Alliance, durante el periodo de suspensión miles de venezolanos sufrieron deportaciones, detenciones y la separación de sus familias. Muchas personas fueron enviadas a terceros países sin vínculo previo. El restablecimiento permitiría recuperar el permiso de trabajo y frenar las expulsiones de manera inmediata si la Justicia lo ratifica.
La decisión del Noveno Circuito no es definitiva. El proceso continúa en los tribunales y podría extenderse por años, mientras las partes mantienen posiciones enfrentadas sobre la legalidad del procedimiento utilizado por el DHS para poner fin a la designación.