El gobierno bonaerense difundió un documento con pautas detalladas para que las instituciones educativas respondan ante situaciones de amenaza o exhibición de armas, priorizando la seguridad de la comunidad escolar.
Ante una serie de amenazas de tiroteos que circularon en al menos 12 escuelas del país la semana pasada, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires reforzó los criterios de actuación para establecimientos educativos de su jurisdicción. Las autoridades enviaron entre el viernes y el sábado un protocolo específico a las escuelas con pautas detalladas de intervención.
El texto establece que, ante la detección de mensajes que refieran a un posible tiroteo o a la presencia de armas, los establecimientos deben actuar con celeridad para priorizar el cuidado de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad educativa. En el caso de amenazas, el procedimiento fija una cadena de comunicación inmediata: el personal debe dar aviso al equipo directivo, que a la vez informará a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. En paralelo, la Dirección del establecimiento deberá radicar la denuncia ante la fiscalía o dependencia judicial correspondiente para que se inicie una investigación.
El protocolo también aclara que, en una primera instancia, se debe evitar la identificación de estudiantes para garantizar sus derechos durante el proceso. Apunta que aplica para mensajes con contenido amenazante identificados en inscripciones, cartelería u otros soportes digitales.
El documento especifica también cómo proceder en situaciones en las que un estudiante exhiba un arma dentro de la escuela. En primer lugar, se indica que siempre debe considerarse como si estuviera cargada. También señala que se debe intentar calmar al estudiante y dialogar con él, mientras otro adulto da aviso al 911. Entre otras pautas, se recomienda procurar que el estudiante deje el arma en una superficie segura. «Si se tratara de un arma de fuego, pedirle que saque el dedo del gatillo, si esta es la situación. En tanto no entregue el arma, se deberá procurar que mantenga la calma hasta que llegue la fuerza pública», detallan. Remarcan que otras personas no deben manipular el arma.
Advierten también que la presencia de un arma configura un delito, por lo que, una vez finalizada la emergencia, el estudiante deberá quedar bajo custodia, con intervención de la familia y de la Justicia.
Una vez superada la situación de riesgo, el protocolo indica que las instituciones deben planificar intervenciones socioeducativas para abordar lo ocurrido, incluyendo espacios de trabajo con estudiantes, acompañamiento a las familias, revisión de lo actuado y fortalecimiento de los acuerdos de convivencia y el cuidado digital dentro de las comunidades escolares.
El documento fue difundido a través de la Dirección de Inspección General a los establecimientos. Según voceros oficiales, el protocolo está basado en la guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas en el ámbito escolar, publicada en 2023.
Este lunes, la directora general de Cultura y Educación provincial, Flavia Terigi, se reunió con los sindicatos docentes para analizar esta situación, acompañada por el ministro de Seguridad, Javier Alonso. «Seguiremos monitoreando conjuntamente la situación», señalaron. Y apuntaron: «Coincidimos en profundizar el trabajo local en apoyo a los equipos directivos y docentes de las escuelas y para participar adecuadamente en las investigaciones que se han abierto sobre los distintos casos».
También se acordó impulsar la formación de las mesas intersectoriales en aquellos distritos que no cuentan con ellas, para el abordaje, intervención y seguimiento de las situaciones de conflicto y violencias que ocurren en el ámbito escolar.