El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados incluye un capítulo que sustituye y deroga artículos centrales de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa generó desconcierto entre los diputados de La Libertad Avanza, que debatían una prórroga de la emergencia en comisiones.
El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados, a la medianoche del martes, un proyecto de Presupuesto 2027 que contiene en su capítulo VI, artículos 36 a 41, modificaciones permanentes a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, a la Ley 13.478 de pensiones no contributivas y a la Ley 24.901, vigente desde 1997.
El miércoles, mientras se desarrollaba un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para debatir la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, convocado la semana anterior, legisladores de distintos bloques analizaron el texto enviado por el Gobierno.
Según el análisis que circuló entre los legisladores, el proyecto elimina la actualización automática y mensual de los pagos a prestadores según el IPC, establece que el Nomenclador de Prestaciones Básicas «no incluirá valores universales» y modifica el acceso a las pensiones no contributivas: el Certificado Único de Discapacidad ya no garantizaría el beneficio, que además sería incompatible con cualquier empleo formal o monotributo.
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que incorporar modificaciones permanentes a leyes de fondo dentro de una ley de presupuesto viola el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera y el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Los diputados de La Libertad Avanza, que trabajaban en un dictamen propio junto al PRO y la UCR, se mostraron desconcertados y admitieron que deberán volver a reunirse, según reconstruyó este medio.
El lunes, el presidente Javier Milei había recibido en Casa Rosada a los legisladores de su bloque. Algunos de los presentes declararon a este medio que «no se habló de temas legislativos sino de un repaso de los logros económicos». Esa misma fuente de LLA aseguró que la propuesta «superadora» en la que trabajaban para el colectivo de personas con discapacidad no contemplaría una prórroga de la emergencia. En esa reunión no se comunicó el contenido del Presupuesto que se enviaría horas después.
Algunos diputados libertarios intentaron minimizar la falta de coordinación planteando que el Presupuesto estaba redactado desde antes que surgiera el debate por la emergencia. No obstante, la defensa de LLA cuando la oposición obligó a abrir estas comisiones fue que tenían un proyecto propio, y por eso votaron a favor de los emplazamientos propuestos por el peronismo, la izquierda y algunos bloques provinciales. La explicación tampoco aclara por qué el capítulo cuestionado replica, casi textual, un proyecto que el Ejecutivo ya había enviado al Senado meses atrás y que no avanzó.
En la comisión, la diputada Laura Rodríguez Machado (del espacio que responde a Patricia Bullrich) declaró: «Nosotros tenemos dos proyectos de ley que estamos analizando (…) está sometido a consideración de los bloques de esta Cámara qué artículos o qué contenido finalmente van a quedar», y convocó a trabajar en conjunto en «un concepto superador» de las emergencias.
Silvana Giudici (LLA) afirmó: «Hay división de poderes en nuestro país, nosotros creemos que este Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar luego el Presupuesto y debatir cuáles serán las mejores condiciones».
Entre los más de veinte oradores, Gilda Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad y madre de un joven con discapacidad, relató que casi 50 centros cerraron en todo el país y que los prestadores cobran con más de 90 días de demora. «No saben lo indignante que es pedir que por favor te paguen lo que trabajaste», dijo, y advirtió que eliminar los valores universales del nomenclador «federaliza la desigualdad».
El diputado de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad advirtió que el Presupuesto «sentencia la desaparición de los derechos de las personas con discapacidad». Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, habló de «una saña total» del Gobierno hacia el sector, y su compañera de bancada Romina del Plá aportó que de 90 mil pedidos de acceso a pensiones no contributivas, apenas 10 mil fueron resueltos.
El plenario retomará el próximo miércoles, con el mandato de firmar un dictamen.