Una coalición de sindicatos, organizaciones de derechos civiles e inmigrantes presentó una demanda contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos por dos directrices que modificaron los procedimientos para obtener la residencia permanente.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) enfrenta una demanda por dos directrices que modificaron los procedimientos para obtener la green card. La acción judicial fue presentada contra la agencia migratoria con la acusación de imponer condiciones que pueden afectar a familias, trabajadores y profesionales extranjeros.
Green card: qué dice la demanda presentada contra el Uscis
La demanda, denominada American Association of University Professors v. Mullin, busca que un tribunal federal deje sin efecto las disposiciones y ordene a las autoridades evaluar los expedientes conforme a la legislación y los precedentes vigentes. Los demandantes sostuvieron que los cambios alteran las condiciones bajo las cuales miles de personas iniciaron sus trámites.
«Nuestro sistema de inmigración debe encarnar los valores que definen a EE.UU.: equidad, transparencia, debido proceso y respeto al estado de derecho», dijo en un comunicado Jeff Joseph, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), organización que representa a los demandantes.
La coalición advirtió que las nuevas reglas pueden obligar a determinados solicitantes a abandonar EE.UU. para continuar sus gestiones desde el extranjero. Esa alternativa, según el planteo judicial, podría generar separaciones familiares, interrupciones laborales y dificultades para regresar si enfrentan demoras consulares o restricciones para obtener una visa.
«AILA está litigando este caso en nombre de nuestros más de 18.000 miembros y de las personas, familias y empresas que representan, porque ningún gobierno debería tener permitido reescribir las reglas unilateralmente ni colocarse por encima de la ley», aseguró Jeff Joseph.
Cuáles son las dos políticas del Uscis cuestionadas en la demanda
La primera disposición corresponde al memorando PM-602-0199, emitido el 21 de mayo. Esta política modifica los criterios utilizados para evaluar las solicitudes de ajuste de estatus, el procedimiento que permite a determinados inmigrantes tramitar la green card sin salir de EE.UU.
Bajo esta directriz, los funcionarios deben considerar como un elemento desfavorable que una persona solicite la green card desde territorio estadounidense en lugar de recurrir al procesamiento consular en el exterior. Para contrarrestar ese criterio, el interesado debe presentar circunstancias que justifiquen un tratamiento favorable, calificadas en la política como excepcionales.
La segunda medida, identificada como PA-2026-05 y publicada el 5 de agosto, modifica la evaluación de solicitudes incompletas o con pruebas insuficientes. La norma autoriza a los funcionarios a denegar determinados expedientes sin emitir previamente una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés), mecanismos que permiten responder a observaciones de la agencia.
Los argumentos legales de la demanda contra el Uscis
La coalición afirma que las medidas contradicen la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), en particular la sección 245, codificada en 8 U.S.C. § 1255. Según los demandantes, el Congreso estableció el ajuste de estatus como una vía para que los extranjeros que cumplen los requisitos soliciten la residencia sin tener que abandonar el territorio estadounidense.
Otro eje de la presentación es la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés). Los abogados sostienen que el Uscis introdujo cambios sustanciales sin abrir el procedimiento de consulta pública ni permitir que los sectores afectados presentaran observaciones antes de su implementación.
La demanda también cuestiona que la agencia haya modificado prácticas anteriores sin explicar de manera suficiente las razones del cambio ni considerar a quienes ya tenían solicitudes pendientes. Además, invoca la doctrina «Accardi», que exige a las agencias federales respetar sus propias normas y los precedentes aplicables, y plantea una posible vulneración del debido proceso protegido por la Quinta Enmienda.
La representación legal del caso está a cargo de Democracy Forward, el American Immigration Council, la AILA y el estudio Colombo & Hurd. Los demandantes piden al Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts que declare ilegales las dos políticas y ordene suspenderlas y anularlas.